El poder de los capitales alinea a Trump
Analizado sin histerias, el escenario bajo el gobierno del magnate Donald Trump no guarda diferencias de fondo con la política de sus antecesores, Barack Obama incluido. Lo que ha declarado después del triunfo electoral es en realidad la idea del continuismo, tanto en materia energética, migratoria, de intervención en Oriente Medio, como de seguridad nacional.
Por: Oswaldo Zavala
27 Nov 2016
LA ESCRITORA MEXICANAValeria Luiselli resume con elocuencia el sentimiento de espanto que produjo dentro y fuera de Estados Unidos la elección de Donald Trump a la presidencia. En su artículo titulado “Así acaba el mundo”, publicado el 13 de noviembre en el periódico El País, Luiselli teme el desmantelamiento de algunas de las políticas más progresistas del presidente Barack Obama.
“Los finales son lentos, paulatinos y, casi siempre, burocráticos”, escribe Luiselli. “Este final empieza con tratados que no se van a firmar, acuerdos que no se van a respetar, decretos que se van a revocar”.
Al final del artículo, Luiselli cita con pesimismo unos versos de T. S. Eliot: “Así es como el mundo acaba / No con una explosión sino con un gemido”.
Como se ha reportado en los medios de comunicación, la inesperada victoria de Trump ha causado protestas masivas, temor e incertidumbre a escala nacional e internacional. Su campaña, conducida entre expresiones de fascismo, xenofobia, racismo y misoginia, legitimó un discurso de odio que ya está teniendo terribles repercusiones con los cientos de incidentes de acoso y agresión en contra de minorías por todo el país. Encima, los cuestionables nombramientos de figuras políticas abiertamente racistas y xenófobas que conformarán parte del gabinete presidencial de Trump también confirman con frialdad las peores promesas de su campaña. Para las minorías latinas, negras, musulmanas y LGBT, el mundo ciertamente parece estar entrando en un repentino colapso.
Con todo, es crucial comprender que el sistema político y económico en el que se inscribe el gobierno estadounidense acercará en más de un modo a la administración de Barack Obama con la de Trump. En su política doméstica como en su política exterior, los gobiernos estadounidenses establecen con frecuencia una continuidad que responde positivamente a los intereses del capital global, los grandes corporativos trasnacionales y las estrategias geopolíticas de dominación que varían mínimamente entre partidos políticos y aún entre presidentes en apariencia tan disímiles como Obama y Trump.
De hecho, a unos cuantos días de su elección, Trump ha dado ya señales claras de que su discurso radical de campaña tendrá una limitada realidad en su gobierno. El replanteamiento de sus posturas más extremas incluye mantener una “mente abierta” ante la crisis del cambio climático, salvaguardar aspectos cruciales del Obamacare —la reforma del sistema de salud que permitió asegurar a 20 millones de ciudadanos durante la presidencia de Obama y que Trump prometió abolir—, e, incluso, seguir buscando la paz entre el Estado israelí y Palestina.
Pero todavía más importante resulta comprender que el duro radicalismo de su discurso de seguridad nacional sobre el narcotráfico, la migración y el terrorismo, así como su proyecto energético extractivista, no es sino la clara continuidad de estrategias geopolíticas establecidas en gobiernos anteriores, incluyendo los de presidentes supuestamente progresistas como Bill Clinton y el propio Obama. Entendido así, la retórica que teme el fin del mundo pasa por alto que la pulsión más destructiva de los gobiernos estadounidenses siempre ha estado en marcha. Antes que temblar por el peligro de la presidencia Trump, debemos temer la perniciosa continuidad del sistema político estadounidense.
Partidarios de Hillary reaccionaron con dolor tras darse a conocer los resultados de las elecciones. Kena Betancur/AFP
HIDROCARBUROS Y LA REFORMA ENERGÉTICA MEXICANA
El 6 de mayo de 2014, el Instituto Baker de la Universidad de Rice publicó un breve estudio sobre el boom de hidrocarburos en el noreste de México. El trabajo de investigación, firmado por los académicos Tony Payán y Guadalupe Correa, explica cómo la Cuenca de Burgos —que atraviesa los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila— se ha convertido en una de las principales zonas del mundo para la exploración, extracción y refinamiento de hidrocarburos. Con la caída de los precios del petróleo y el desmantelamiento gradual de Petróleos Mexicanos (Pemex), los gobiernos de Felipe Calderón y la actual presidencia de Enrique Peña Nieto han impulsado una reforma energética que no será sino la concesión a intereses privados y extranjeros de esa enorme riqueza aún por explotar. Como anotan Payán y Correa, México de hecho ocupa el cuarto lugar mundial en reservas naturales de gas shale.
Más que bien recibida por la administración de Obama, la reforma energética en México fue propulsada por su gobierno. Como demostraron cables diplomáticos filtrados por Wikileaks, fue el Departamento de Estado que encabezó Hillary Clinton el que ofreció asistencia directa al gobierno mexicano para liberar reservas de petróleo y gas para la explotación de empresas trasnacionales. En 2009, apenas un año después de la elección de Obama, el Departamento de Estado creó el cargo de “Coordinador Internacional de Energía” para David Goldwyn, quien, junto con Carlos Pascual, nombrado embajador en México ese mismo año, creó el Buró de Recursos Energéticos. Uno de los cables diplomáticos más reveladores fue enviado desde la embajada de México anticipando una visita de Goldwyn a México: “Debemos mantener la larga política (estadounidense) de no comentar públicamente estos temas mientras que silenciosamente proveemos ayuda en áreas de interés para (el gobierno de México)”.
Esa política resultó en la entrada en vigor, en julio de 2014, del Acuerdo sobre Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos entre México y Estados Unidos, que canceló el legado de la expropiación petrolera cardenista para permitir la explotación del petróleo y el gas natural a empresas transnacionales como ExxonMobil, BP y Chevron, entre otras. Se estima que en la zona fronteriza entre los dos países existen yacimientos de hasta 172 000 millones de barriles de crudo y 304 000 millones de pies cúbicos de gas natural. Bajo este acuerdo, las empresas utilizarán herramientas de extracción como el controvertido fracking, que tiene efectos altamente dañinos para el medio ambiente.
Pascual se vio obligado a renunciar en 2011 como embajador en México cuando otros cables diplomáticos filtrados por Wikileaks revelaron su postura crítica de la supuesta “guerra” contra el narcotráfico emprendida por el entonces presidente Felipe Calderón. Sin reprimenda alguna, Obama reubicó a Pascual precisamente como el reemplazo de Goldwyn como el nuevo coordinador internacional de Energía del Departamento de Estado.
La reforma energética en México ha sido apoyada por el multimillonario progresista George Soros. Y aunque se opuso decididamente a la candidatura de Donald Trump, Soros en realidad coincide puntualmente con el ahora presidente electo en su interés por aprovechar la entrada de empresas extranjeras en la Cuenca de Burgos. Entre otras empresas energéticas, por ejemplo, Soros ha invertido millones de dólares en opciones de compra de la compañía Noble Energy, que se dedica a la extracción de gas y petróleo en México, Estados Unidos, África Occidental, Chipre e Israel.
En un video publicado en YouTube el pasado 21 de noviembre, Trump afirmó su interés por anular las restricciones que limitan la producción de gas shale y el llamado “carbón limpio”, así como el uso de fracking dentro y fuera de Estados Unidos, en consecuente continuidad con la política energética de Obama.
Durante su campaña, Clinton optó por no comentar sobre la estrategia de su Departamento de Estado para influir en la reforma energética de México, pero esa política quedó expuesta con las revelaciones de Wikileaks. En ese contexto, la política extractivista de Trump no guarda tampoco ninguna sorpresa. Y aunque advirtió que retirará a Estados Unidos del Tratado Transpacífico comercial que incluye a 12 países de esa región, Trump ha dado un giro sorpresivo al afirmar, en una entrevista con The New York Times, el pasado 23 de noviembre, que mantendrá “una mente abierta” ante la crisis del cambio climático, implicando que no necesariamente retiraría a Estados Unidos de los Acuerdos de París sobre el tema.
Al parecer el gobierno de Trump continuará también la contradicción entre la agresiva política extractivista y sus supuestos esfuerzos por aliviar la crisis global del cambio climático.
Las promesas de Trump no solo no plantean una diferencia, sino que incluso parecen reproducir los mismos objetivos: dos o tres millones de deportaciones. Foto: MANDEL NGAN/AFP
DEPORTACIONES Y XENOFOBIA
Érika Andiola tiene el rostro descompuesto y trata de secarse las lágrimas mientras comienza a grabar un video denunciando cómo agentes de inmigración encubiertos acudieron a su casa sin una orden de detención y arrestaron a su madre y a su hermano. Andiola es una prominente activista del movimiento conocido como Dreamers, integrado por jóvenes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos a una temprana edad. Su estatus migratorio y su alta visibilidad en los medios de comunicación debido a su activismo político la convirtieron a ella y su familia en un blanco de una estrategia de deportaciones en masa sin precedente en la historia de ese país. El video la muestra derrotada e impotente ante la acción implacable de los agentes migratorios.
“Esto tiene que parar —dice Érika—, están destruyendo familias y esto es real”. Esta escena bien podría preludiar la preocupante política migratoria anunciada por Trump en su primera entrevista con el programa 60 Minutos después de la elección presidencial. Allí anunció que planea deportar “entre dos y tres millones” de indocumentados con antecedentes criminales.
Pero la redada migratoria en casa de los Andiola fue llevada a cabo la noche del 10 de enero de 2013. Ellos se sumaron a la violenta política antinmigrante emprendida por el gobierno de Obama sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos. Según cifras oficiales, la presidencia de Obama ha sido responsable de la deportación de 2.7 millones de indocumentados, una cifra mayor que el saldo de deportaciones de cualquier presidente estadounidense en el siglo XX.
La familia de Andiola fue liberada al día siguiente tras una enorme presión mediática. Érika continuó con su activismo, pero se unió a la campaña de Bernie Sanders para disputar la candidatura a Hillary Clinton. En varias entrevistas, Érika ha denunciado la retórica vacía del Partido Demócrata, sus promesas incumplidas y, peor aún, la muy brutal política de deportaciones del presidente Obama.
Ahora bien, es cierto que los admirables esfuerzos de Obama por ayudar a los Dreamers se materializaron con la orden ejecutiva DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) para suspender las deportaciones de jóvenes que viven y estudian en ese país sin documentación migratoria. Alrededor de 650 000 jóvenes han recibido la amnistía temporal. Pero aun el total de Dreamers que podría beneficiarse de la DACA —1.9 millones según datos del Migration Policy Institute— palidece con los casi tres millones de deportaciones ordenadas durante la presidencia de Obama. Solamente en 2012, la presidencia de Obama deportó a 409 849 inmigrantes indocumentados.
“Lo que la gente no sabe es que Obama expulsó a un tremendo número de gente”, dijo Trump en una entrevista con Bill O’Reilly, un célebre comentarista conservador de Fox News. “(George W.) Bush hizo lo mismo. Mucha gente ha sido expulsada del país con las leyes existentes. Bueno, pues yo voy a hacer lo mismo”.
Según me comentó Héctor Sánchez, presidente de la National Hispanic Leadership Agenda (NHLA), Obama nunca pudo justificar su política de deportaciones ante el reclamo del lobby hispano a escala nacional. Por otra parte, Clinton se comprometió a revisar esa política luego de una intensa presión por parte de las organizaciones civiles hispanas.
Ante el récord de Obama, las promesas de Trump no solo no plantean una diferencia, sino que incluso parecen reproducir los mismos objetivos: dos o tres millones de deportaciones. Como Obama.
No es un secreto que los gobiernos de Bush y Obama financiaron abiertamente la criminal política securitaria del presidente Calderón para llevar a cabo su “guerra” contra las drogas. Foto: Saul LOEB/AFP
SEGURIDAD E INTERVENCIONISMO
El discurso de seguridad en torno al terrorismo y el narcotráfico, con frecuencia deliberadamente confundidos por la retórica estadounidense, han disparado el intervencionismo en regiones como Latinoamérica y Oriente Medio. Nada de lo anunciado por Trump debería de horrorizar a las víctimas como la vigente política exterior de Estados Unidos.
Para la intelectualidad mexicana que teme el avance de Trump como una nueva presidencia imperial, no debería ser un secreto, por ejemplo, que los gobiernos de George W. Bush y Obama apoyaron y financiaron abiertamente la criminal políticade seguridad del presidente Calderón para llevar a cabo su “guerra” contra las drogas que, según datos del INEGI, arrojó un saldo de 121 000 asesinatos y, por lo menos, 29 000 desapariciones forzadas.
Como narra Wilbert Torre en su libro Narcoleaks, la destructiva estrategia de combate a los supuestos cárteles fue directamente influida por el gobierno de Bush y su agenda militarista. “Queremos que México se quite los guantes para pelear contra los cárteles”, escribió Tony Garza, embajador de Estados Unidos en México durante el gobierno de Bush.
Según Torre, la “guerra” contra el narco se pactó en un encuentro entre Calderón y Bush el martes 13 de marzo de 2007. En un encuentro en una plantación de henequén cerca de Uxmal, en el estado de Yucatán, Calderón pidió y obtuvo el apoyo político y financiero de Estados Unidos. El gobierno de Bush concibió la Iniciativa Mérida, continuada por la presidencia de Obama, que a la fecha ha otorgado 2300 millones de dólares para entrenamiento y equipo de combate para las fuerzas armadas de México.
El sangriento saldo de la “guerra” contra el narco —más de cuatro veces el número de víctimas de la llamada “guerra sucia” de las dictaduras militares de Argentina en las décadas de 1970 y 1980— no impidió que el presidente Obama continuara su apoyo y su reconocimiento a la política antidroga de Calderón. La presidencia de Obama nunca ha denunciado los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la presidencia de Felipe Calderón y denunciados por miles de activistas e intelectuales ante la Corte Penal Internacional de La Haya. Solo fue en octubre de 2015, con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando Obama penalizó al gobierno de México retirando 15 por ciento del dinero de la Iniciativa Mérida, un total de cinco millones de dólares.
Como en la reforma energética de México, el Departamento de Estado dirigido por Hillary Clinton ha sido vinculado a la concesión de reservas mineras y recursos hidroeléctricos hondureños a empresas transnacionales. Así lo denunció la célebre activista ambiental Berta Cáceres, quien fue asesinada en marzo de 2016 mientras luchaba en contra de un proyecto de una represa hidroeléctrica en el territorio indígena de Lenca.
La disputa por los recursos naturales de Honduras se acentuó con el golpe de Estado en 2009 que derrocó al presidente democráticamente electo Manuel Zelaya. Hillary Clinton respaldó el golpe y se sumó a la acusación de que Zelaya podría ser un nuevo dictador al estilo de Hugo Chávez en Venezuela. Aunque el golpe fue deplorado por la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), Clinton apoyó el llamado a un nuevo proceso electoral y se negó a promover la reinstalación de Zelaya a la presidencia.
Durante la campaña por la candidatura presidencial en el Partido Demócrata, Bernie Sanders denunció repetidamente la cercanía personal e ideológica que Clinton tiene con Henry Kissinger, el siniestro secretario de Estado que durante la presidencia de Richard Nixon apoyó el golpe de Estado de 1973 en contra del presidente Salvador Allende en Chile y la subsecuente dictadura del general Augusto Pinochet.
Hasta ahora, la política de seguridad de Trump con respecto a México y Latinoamérica palidece con la historia reciente de intervencionismo estadounidense. Trump se ha limitado a proponer una mayor seguridad en las fronteras de su país, y para escándalo de la clase política e intelectual de México, la construcción de un muro entre México y Estados Unidos.
Pero como registra el periodista español Jacobo García, ya existe un muro físico en un tercio de los 3200 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos. Ese muro cubre 1100 kilómetros y parte desde Tijuana y avanza hacia Arizona y Nuevo México.
La política migratoria de Trump es irrisoria. Su plan de deportaciones muy probablemente no supere el récord histórico de Obama. Foto: Saul LOEB/AFP
El proyecto original de este primer muro es el resultado de la política doméstica de la presidencia de Bill Clinton. Durante la década de 1990, la presidencia de Clinton endureció la política migratoria que selló los cruces fronterizos de inmigrantes indocumentados, empujándolos a arriesgar la vida cruzando por zonas desérticas de clima extremo. Consecuentemente, como anota García, las planchas de hierro que se clavaron verticalmente para separar ambos países durante la presidencia de Clinton fueron traídas de Kuwait, donde sirvieron de pista de aterrizaje para aviones estadounidenses durante la Guerra del Golfo de 1991.
“Los demócratas levantaron, sin voces ni aspavientos, el polémico muro de la misma forma que Barack Obama ha sido el presidente que más indocumentados ha expulsado durante sus casi ocho años de gobierno”, escribió García en un artículo publicado el 4 de noviembre en El País.
En el segundo tercio de la frontera existe un muro virtual con cámaras, sensores de movimiento y térmicos, dispositivos de rayos X y más de 20 000 agentes de la Patrulla Fronteriza, que pertenece a la agencia de Homeland Security, una de las más grandes de Estados Unidos, con unos 240 000 empleados. Del último tercio de la frontera se encargan los grupos de vigilantes como los Minutemen, pero también las condiciones climáticas del desierto que han cobrado más de 8000 vidas de migrantes. En comparación, como recuerda García, el Muro de Berlín fue la causa de muerte de entre 200 y 500 personas que trataron de escapar de la represión política.
La política migratoria de Trump, bien pensada, es irrisoria. Su plan de deportaciones muy probablemente no supere el récord histórico de Obama, mientras que su visión de un muro entre México y Estados Unidos llega demasiado tarde. Clinton y Obama tuvieron una visión temprana de la seguridad y ya hicieron realidad buena parte de las pesadillas formuladas por la campaña presidencial de Trump. Lo mismo ocurre con la política exterior de Estados Unidos y su intervencionismo sistémico para conducir las extracciones por varias regiones de América Latina. En el peor de los casos, Trump se propone la continuación del proyecto imperial de Estados Unidos.
En una reciente entrevista con el servicio de noticias Reuters, el director general del Grupo Cementos de Chihuahua escandalizó al público mexicano al declarar su intención de aprovechar las ganancias que generaría la construcción del muro fronterizo vendiéndole al presidente Trump los materiales necesarios.
Pero quienes se rasgan las vestiduras con esta desenfadada muestra de colaboracionismo olvidan que nadie en nuestra clase política en el poder ha podido resistir las estrategias intervencionistas de los gobiernos estadounidenses, demócratas o republicanos, que nos han influido en la deplorable y sanguinaria “guerra” contra el narco, que han deportado a 2.7 millones de inmigrantes y que han promovido el despojo de nuestros recursos naturales y su explotación sin la menor consideración al medioambiente o a los intereses locales de los habitantes de esas regiones.
De ningún modo es mi intención minimizar el peligroso efecto político que ha tenido en la sociedad estadounidense el discurso racista, xenófobo y misógino adoptado por Trump. Con solo revertir dos de las más importantes políticas progresistas de Obama, su reforma de salud y su amnistía a los jóvenes indocumentados, millones de personas pagarían graves consecuencias. El retroceso social y cultural de ese país es ya un daño colateral de la más dividida campaña presidencial de la que se tenga memoria.
No obstante, es importante recordar que la posibilidad de ese peligro ya tiene precedentes reales con décadas de una continuada política doméstica y exterior que ha causado muerte, despojo y destrucción dentro y fuera de Estados Unidos y que ha sido liderada incluso por el más benigno de los gobiernos estadounidenses a cargo del primer presidente negro en la historia de ese país, Barack Obama, y su secretaria de Estado, Hillary Clinton.
Sorprende que hasta ahora, con el tóxico discurso político de Trump, se tema un apocalipsis. Solo con una corta y parcial memoria histórica de la realpolitik estadounidense es posible afirmar eso. Aceptemos que Trump tiene mucho que aprender de sus predecesores en la Casa Blanca. En todo caso, Trump llegó tarde al fin del mundo.
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